por Carlos Cordero
7 enero de 2011
Después de la promulgación y posterior anulación del decreto que intentaba eliminar la subvención estatal a la gasolina y el diésel, el gobierno del Presidente boliviano Evo Morales atraviesa el peor momento para su imagen, credibilidad y estabilidad.
La decisión gubernamental, sustentada en la idea de ahorrarle al Estado alrededor de US$ 400 millones anuales, para luego reinvertirlos en planes productivos, desató una escalada de precios en el transporte y en los productos de consumo diario, que difícilmente están encontrando un nuevo punto de equilibrio.
El malestar ciudadano ante la pérdida de valor de sus ingresos se trasladó al gobierno y especialmente al Presidente Morales, quien realizó esfuerzos discursivos para intentar persuadir a los movimientos sociales y gremiales de que la eliminación del subsidio era acertada, aunque inoportuna.
El inesperado decreto de Morales desnudó varias debilidades estatales, así como la fragilidad de la economía familiar boliviana: fronteras desguarnecidas, contrabando creciente y desconfianza en las políticas públicas, cuya característica más agobiante es la lentitud, así como los resultados a mediano y largo plazo. De igual manera, puso en evidencia desinteligencias al interior del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), las cuales podrían atenuarse con una anunciada crisis de gabinete.
Las protestas sociales que sobrevinieron a la promulgación del decreto -manchadas con reprochables actos que dañaron propiedad estatal y en las que se quemaron retratos del presidente Morales y banderas venezolanas- resquebrajaron la idea de una lealtad ciega y férrea de los movimientos sociales respecto de la figura presidencial. Algunos liderazgos de oposición intentaron capitalizar el malestar ciudadano, organizando o participando de los hechos de protesta. Como respuesta, distintos voceros gubernamentales están promoviendo acciones judiciales contra alcaldes, ex alcaldes y ex candidatos presidenciales.
El decreto gubernamental de eliminación del subsidio estaba precedido de una serie de éxitos políticos mediante los cuales se había logrado disciplinar a distintos sectores sociales e instituciones (Iglesia Católica, medios de comunicación) y subordinar a otros (Fuerzas Armadas, Central Obrera Boliviana).
La abrogación del decreto es el primer fracaso gubernamental o el más estrepitoso de los cinco años de gobierno. La manera de enfrentar la inesperada crisis política y económica, desatada por un mal cálculo de la reacción de las fuerzas del mercado, sería abrir espacios de diálogo con sectores de oposición y desarrollar acciones de cooperación con gobernadores y alcaldes, quienes son actores relevantes en el proceso de controlar las tarifas del transporte, el ocultamiento de productos y la espiral de precios.
Si bien la ciudadanía aguarda señales gubernamentales de apertura y flexibilización de su actitud respecto de la sociedad, los voceros gubernamentales continúan en un ánimo beligerante buscando responsables de los conflictos en la oposición y no en sus propios límites.
Carlos Cordero
Analista político boliviano
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